Violencia en Guatemala: un problema que rebasa la salud mental

La violencia constituye un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Saludconsidera que existe una epidemia en términos sanitarios cuando se da una tasa superior a los diez  homicidios por cada 100.000 habitantes en un período de un año (OMS, 2002). En Guatemala esa tasa se encuentra en el orden de los 40 homicidios, con un índice de 13 muertes violentas diarias promedio. De mantenerse esta tendencia, en los primeros 25 años luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 que pusieron fin a una guerra que, según el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, costó la vida a alrededor de 250.000 personas (CEH, 1998), el número de muertos superará al registrado en esas casi cuatro décadas de enfrentamiento armado, período en el que el promedio de muertes diarias era de diez. "La violencia es una de las amenazas más urgentes contra la salud y la seguridad pública", afirma el mencionado organismo técnico de Naciones Unidas. Con estas estadísticas se considera que la situación en Guatemala está en una condición de gravedad particularmente sensible y preocupante. Sin ánimos de ser pesimistas ni agoreros, técnicamente se puede decir que desde el punto de vista de la seguridad y la convivencia cotidiana, ahora la sociedad está en una situación comparativa que no es sustancialmente mejor que durante el conflicto armado. Aunque formalmente no hay guerra, la percepción dominante hace sentir la vida cotidiana como que sí, efectivamente, se vivieran un clima quasi bélico.

Y si no se está "peor", al menos la actual explosión de violencia abre inquietantes interrogantes sobre la sociedad post conflicto que se está construyendo y las perspectivas futuras. En ese sentido, preocupan altamente dos cuestiones: de hecho, las causas estructurales que pusieron en marcha ese enfrentamiento interno en la década de los ‘60 en el siglo pasado no han cambiado, a lo que se suma la pesada carga dejada por uno de los más sangrientos conflictos internos con características de "guerra sucia" que vivieron las sociedades latinoamericanas en el marco dela GuerraFría, secuelas que han sido muy poco abordadas, lo que refuerza una cultura de impunidad ya histórica en el país. En ese escenario, la debilidad estructural del Estado obra como un elemento que, en vez de facilitar procesos, los complica especialmente.

Hoy día, repitiendo y superando los índices de violencia que se podían encontrar durante la guerra, la situación cotidiana nos confronta con nuevas formas de violencia. No hay enfrentamientos armados entre Ejército o fuerzas estatales y movimiento guerrillero insurgente, pero la situación de inseguridad que se vive a diario, en zonas urbanas y rurales, comparativamente es más preocupante. Han aparecido nuevas expresiones de violencia en estos últimos años: además de la tasa extremadamente alta de homicidios, asistimos a una explosión del crimen organizado manejando crecientes cuotas de poder económico, y por tanto, político. Se ven nuevas modalidades, como el surgimiento y crecimiento imparable de las pandillas juveniles –las "maras"– (que, según estimaciones serias, manejan por concepto de chantajes y cobros de impuestos territoriales cantidades millonarias), el auge de los carteles del narcotráfico, el feminicidio (con un promedio de dos mujeres diarias asesinadas, muchas veces previa violación sexual), (INE, 2011), las campañas de la mal llamada "limpieza social", los linchamientos. Complementando esto, es imprescindible mencionar que, si bien no aparece contantemente en los medios de comunicación, hay una cantidad de muertes por hambre que supera a los muertos por hechos violentos, según informes oficiales del Procurador de Derechos Humanos (PDH, 2011). En estos momentos, según datos de UNICEF (2011), Guatemala es el segundo país en Latinoamérica y sexto en el mundo en orden a la desnutrición. Es decir: la violencia homicida asienta en un trasfondo de pobreza estructural histórica, y un elemento no puede disociarse del otro, aunque en la vivencia cotidiana –en buena medida manipulada– la criminalidad delincuencial aparece escandalosamente como el principal "pandemonio".

Ante esta situación, la percepción generalizada de la sociedad raya en la desesperación. La violencia cotidiana ha pasado a ser el tema dominante, desplazando otras preocupaciones de la población. Contribuye a agigantar esta percepción el continuo bombardeo de los medios de comunicación, que hacen de la violencia mostrada en términos sensacionalistas el pan nuestro de cada día. Ya pasó a ser frecuente la expresión "la delincuencia que nos tiene de rodillas", con lo que se logra un efecto de desesperación en la población sin proponer ninguna salida, asimilando así violencia con delincuencia pero sin tocar las causas estructurales de este fenómeno. En la conciencia colectiva actual el fenómeno de las "maras", por ejemplo, tiene más importancia que la pobreza estructural crónica o que la guerra vivida hace unos años y su reforzamiento de la impunidad como conducta que marca toda la historia del país. Sin negar los índices alarmantes de violencia delincuencial que existen, es preocupante que la prensa aborde la violencia sólo en relación a la comisión de delitos, dejando por fuera otras expresiones tanto o más nocivas, como la exclusión económico-social, el racismo, el machismo. El autoritarismo y la impunidad como constantes que recorren todos los ámbitos de la sociedad y toda la historia del país, no se mencionan, o se mencionan muy poco y tendenciosamente. El fantasma azuzado de esta forma no hace sino reforzar un clima de militarización donde la única respuesta posible ante la epidemia de violencia en marcha es más violencia, más control, más militarización (ya se han declarado varios estados de excepción y de sitio en algunos municipios en el interior del país luego de la Firma de la Paz en 1996 para, supuestamente, "combatir" la violencia, y el actual Presidente llegó a su cargo con la promesa de "mano dura").

Se pueden anotar como causas de la situación actual, de esta "epidemia" de violencias que se sufre a diario –y que no es solo delincuencia–, un entrecruzamiento de factores:

• La pobreza generalizada (51 % de la población vive en pobreza; 25 % en pobreza extrema) que cruza toda la sociedad. (PNUD, 2012)
• La desigualdad y exclusión en la distribución de los recursos económicos, políticos y sociales.
• El legado histórico de violencia y su consecuente aceptación en la dinámica cotidiana normal (además de la prolongada guerra interna de casi cuatro décadas, también puede mencionarse como una constante normalizada: corrupción, dictaduras, elecciones fraudulentas, violación sistemática a los derechos humanos, marcado racismo, masculinidad ligada al uso del poder y de la violencia y feminidad ligada a debilidad e incapacidad).
• Una cultura de violencia que se manifiesta desde el mismo Estado y la forma en la que éste se relaciona con la población: abuso de poder, y al mismo tiempo, ausencia o debilidad extrema en su función específica.
• El autoritarismo como constante en las formas de relacionamiento social.
• La impunidad generalizada, con un sistema de justicia oficial débil o inexistente, ineficiente en el cumplimiento de su función específica, y una justicia maya consuetudinaria deslegitimada por el discurso oficial (en general, según diversas encuestas, la población no confía enla PolicíaNacionalCivil ni en el Poder Judicial, y de hecho el mismo Ministerio Público reconoce que la gran mayoría de ilícitos denunciados nunca llega a sentencia).
• Una incontenible proliferación de armas de fuego (estudios recientes indican que existen en la actualidad más personas armadas que durante los años del conflicto armado interno; por 100 dólares se puede conseguir en el mercado negro un fusil-ametralladora automático con parque de municiones).
• Una marcada militarización de la cultura ciudadana (con una cantidad desconocida de empresas de seguridad privada, muchas de ellas trabajando sin las correspondientes autorizaciones de ley, la mayoría de las cuales exige a sus empleados haber prestado servicio militar, sextuplicándose así la cantidad de agentes de la fuerza policial phttps://www.plazapublica.com.gt/content/violencia-en-guatemala-un-problema-que-rebasa-la-salud-mentalública), a lo que se suma una generalizada paranoia social con respuestas reactivas: medidas de seguridad por todas partes, población civil armada, desconfianza, casas amuralladas, barrotes y alambradas, puestos de control.
• Silencio y falta de información sobre los efectos de la violencia, y en particular, desconocimiento de la historia y de las raíces violentas que marcan la sociedad (el Informe "Guatemala: memoria del silencio", dela Comisiónpara el Esclarecimiento Histórico, fue muy poco apropiado por el colectivo social dado que no hubo un política pública de reconocimiento de las atrocidades de la guerra ni una recuperación de esa memoria histórica con el consecuente afrontamiento de sus secuelas a través de estrategias orgánicas de Estado).
• Una acentuada cultura de silencio, producto de la ineficiencia del sistema de justicia y también herencia del conflicto armado recientemente vivido, todo lo cual predispone para no presentar denuncias, no decir nada, dejar pasar, aguantar. Y en el peor de los casos, tomar justicia por mano propia (de ahí, junto a otros determinantes, la proliferación de los linchamientos que se viene dando desde la firma de la paz). (UNESCO/FLACSO, 2004).

La impunidad se reafirma día a día, desde todos los ámbitos. Para muestra elocuente, lo que acaba de suceder con el juicio realizado contra el principal militar comprometido con la guerra vivida: el general José Efraín Ríos Montt. Después de innumerables pruebas presentadas en su contra, un tribunal lo sentenció como culpable por delitos de lesa humanidad a 80 años inconmutables de prisión, pero los factores de poder respondieron inmediatamente y, tras presiones políticas, el anciano militar quedó libre. Esa impunidad es ya una constante asimilada como normal en todo tipo de relaciones.

Todas las causas arriba mencionadas interactúan entre sí. Las condiciones cotidianas de vida son angustiantes; si bien la democracia política reinante permite una mayor cuota de libertad en relación a lo vivido durante la pasada guerra, la población vive cautiva de este clima de inseguridad, atemorizada, "de rodillas", tal como lo repite machaconamente la prensa. A lo que se suma el costo económico que todo ello trae aparejado.